La doble moral de las instituciones públicas respecto al derecho de la vivienda

¿Te puedes creer que tan sólo hay 1,1 viviendas en oferta de alquiler en Catalunya por cada mil habitantes? Son datos de Servihabitat Trends y que muestran la realidad del sector inmobiliario. Y no sólo lo muestra este estudio. También el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluye que en 10 años, el % de viviendas que se destinan a alquiler ha aumentado únicamente un 1% en Barcelona, pasando del 30,1% al 31,1%, mientras que otras ciudades de referencia como Madrid, Girona o Tarragona han subido, un 4,0%, 3,3% y 6,4% respectivamente. Estando Barcelona, una vez más, en la cola de la evolución. 

Y es que las instituciones no han parado de hacer amigos en los últimos tiempos, trasladando sus problemas a otros. Una práctica que no solamente ha dejado en evidencia su doble moral y el poco compromiso real que tienen frente al grave problema de la vivienda, sino que ha demonizado a la figura del sector inmobiliario privado. Desde mi punto de vista, han pretendido hacer de Robin Hood pero sin mostrar la realidad, como por ejemplo que el consistorio barcelonés tiene suelo público donde construir viviendas, con las que podría ayudar a satisfacer en parte las carencias que existen actualmente en cuanto a volumen de oferta de vivienda. Para los organismos ha sido más fácil responsabilizar a las promotoras y propietarios de su problema y falta de acción. 

Crearon una normativa para proteger a familias vulnerables, obligando a promotores privados a reservar un 30% de sus promociones para vivienda protegida. Una ley que, además, tampoco muestra claridad en su aplicación, surgiendo dentro de nuestro sector diferentes interpretaciones de esta como, por ejemplo, la aplicación de este 30% dentro de todos los proyectos en un mismo promotor privado, o intentando obviar el choque cultural que puede suponer incluir vivienda protegida en edificios ubicados en zonas de alto standing, los cuales ofrecen viviendas con calidades exclusivas. No nos engañemos, el coste del suelo y de la construcción en zonas prime siempre será superior.

Ciertamente, podrían promover el suelo público del que ya disponen y satisfacer las carencias de la demanda en la ciudad. Pero prefieren ganar dinero sancionando a las promotoras que no cumplen con la normativa sobre vivienda protegida. De acuerdo con la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda, si se incumple esta reserva se considera una infracción muy grave la cual oscila entre los 90.000€ y 900.000€. Además, también prevé, que en el caso de infracciones muy graves, se pueda imponer una sanción de inhabilitación e impedir que participen en promociones de VPO durante un período de entre uno y tres años. Una estrategia que obviamente ha dañado notablemente la actividad promotora.

Lo que está claro es que, aunque la ley del 30% podría haber sido una solución, su aplicación ha provocado un efecto boomerang, causando un efecto contrario a la bajada de precios y a la poca oferta de pisos en el mercado inmobiliario. 

Luego algunos se quejarán de que se están frenando las nuevas promociones, tan demandadas por la falta de oferta, provocando más tensión en el mercado inmobiliario en la ciudad condal y suponiendo un aumento de precio generalizado tanto de venta como de alquiler, tema que ha aparecido en varias ocasiones en los diferentes medios de comunicación. Y parece que así seguirá. Los datos mostraron una subida del 7,3% en el tercer trimestre de 2022 respecto a 2021, en Catalunya. Y el precio medio del alquiler se sitúa en 1.156 €/m2 por una vivienda estándar de 80-90m2. Y es que el propietario de vivienda en alquiler también ha vivido lo suyo con la ley que el Parlament de Catalunya aplicó en 2020 con la intención de limitar el incremento de precios de alquiler. Una solución nuevamente trasladada al sector privado, y que también nuevamente ha generado el efecto contrario, incrementando exponencialmente el precio de la vivienda de alquiler. Un incremento claramente provocado por la retirada del mercado de un volumen notable de oferta disponible. Fruto de tanta doble moral, estamos trabajamos con una inseguridad jurídica que perjudica gravemente a nuestro sector, con grandes inercias, donde desde la adquisición de un suelo hasta las ventas de las viviendas pueden transcurrir varios años. Una inseguridad que sin duda ha influido en datos tan espectaculares, obviamente por lo malos que son, como que el número de viviendas iniciadas en Catalunya en 2022 bajó un 16% respecto el 2021, y en el primer semestre de este año un -15,7% respecto el año anterior. Un desastre en toda regla. Y para echar más leña al fuego, las leyes relacionadas con el alquiler se han centrado en limitary condicionar esas viviendas propiedad de grandes tenedores, un desacierto solo por el hecho de que tan solo representan el 15,1% de las viviendas en España. De manera que, las modificaciones o requerimientos que se puedan implantar a este perfil de propietarios nunca

solucionarán el enorme problema del alquiler de la vivienda. Lo que sí tengo claro es que servirá para llenar portadas o informativos con grandes titulares con los que aparentar que se buscan soluciones para nuestra sociedad. Recordarás que en los últimos meses han sido noticia la variación del precio del alquiler y el uso de viviendas en las nuevas zonas llamadas ‘superilles’ en Barcelona, cuyos pisos han sufrido aumentos de precios de renta superiores al 50% en un año y la oferta de alquiler tradicional ha derivado en alquileres vacacionales. Un no parar de datos desastrosos. ¿Te has preguntado qué pasará si se sigue con este modelo tan ineficaz, débil, inservible e insuficiente? Yo, personalmente, estoy convencido de que si no se consigue cambiar la tendencia actual, los contratos de alquiler serán grandes reliquias muy preciadas, que todos intentarán mantener, pero que cada vez serán más complicados de conseguir.Veamos que nos depara el futuro próximo. Dime aguafiestas, pero mucho me temo que seguiremos viendo pocos aciertos por parte de las administraciones en el ámbito de la vivienda.